Según la Comisión Nacional de Energía, una termoeléctrica tiene una vida útil de 24 años. Pese a ello, existen centrales que operan desde hace más de 70 años y nada las obliga a dejar de funcionar.
La central térmica Barrancones será recordada como un hito en materia ambiental, porque mediante una decisión presidencial la ciudadanía logró detener un proyecto que presentaba evidentes impactos al medio ambiente. Al mismo tiempo, permitió visibilizar una problemática compleja, la proliferación de plantas termoeléctricas. Desde hace algunos años se ha instalado el debate público sobre la generación eléctrica, el que, básicamente, se ha centrado en las represas de la Patagonia y en la posibilidad de abrir Chile a la energía nuclear, mientras que las termoeléctricas tienden a pasar inadvertidas.
Hoy, muchos chilenos saben que Barrancones no es el único proyecto termoeléctrico que se pretende instalar, y que ya hay un número considerable funcionando. Pero lo que todavía no se ha difundido ampliamente es la forma en que operan estos emprendimientos energéticos y, en especial, por qué están generando problemas y conflictos en muchos lugares del territorio nacional. En ciertos ámbitos se conocen los problemas de Campiche, Los Robles, Guacolda, Castilla, Cruz Grande, Chanavayita, por nombrar algunos proyectos. Pero lo que se desconoce es que desde que partió la crisis del gas, ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental un número considerable de proyectos termoeléctricos, que pretenden ser aprobados e instalarse en nuestro país casi sin regulaciones efectivas.
La legislación ambiental chilena es bastante permisiva. Más allá de lo que estipula la legislación ambiental -tanto la antigua Ley 19.300 como la nueva Ley 20.417-, no existe regulación para las emisiones al aire o al agua de este tipo de industrias. La Ley Ambiental revisa los proyectos en el marco de las normas existentes, pero si no hay norma respecto a problemas específicos, en este caso, centrales termoeléctricas, es poco o nada lo que se puede decir al respecto.
Ninguna de las leyes actuales ni otro tipo de regulaciones vigentes establecen los límites de contaminantes que puede emitir una central termoeléctrica al aire o al agua. Tampoco existe una exigencia respecto, por ejemplo, que las empresas utilicen tecnologías de última generación, las que, evidentemente, tienen un menor impacto ambiental. Por si esto fuera poco, tampoco existe regulación sobre la calidad de los combustibles que emplean estas industrias, como forma de evitar o disminuir la contaminación que generan y resguardar la salud de las personas. En consecuencia, las plantas térmicas de generación eléctrica pueden usar combustibles tan variados como gas, carbón de diversas calidades, petcoke o petróleo.
Aun más, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, una central termoeléctrica tiene una vida útil de 24 años, pese a lo cual en Chile existen centrales que operan desde hace más de 70 años; ninguna norma o regulación las obliga a dejar de funcionar.
A esto se suma el hecho de que muchas de estas centrales nunca fueron evaluadas ambientalmente, porque entraron en funcionamiento antes de la plena vigencia de la Ley de Medio Ambiente, en 1997, ya que ésta no tiene efecto retroactivo.
Por ello, hoy resulta urgente que la autoridad establezca ciertas normativas, tales como normas de emisión al aire y al agua para centrales térmicas, que regule la calidad de los combustibles, establezca un marco regulatorio de años límite de operación para las centrales, y evalúe ambientalmente todas las centrales termoeléctricas que nunca pasaron por el sistema de impacto ambiental.
Éstas son sólo algunas de las medidas que la autoridad debe impulsar con fuerza en los próximos meses, con el propósito de ordenar, en parte, la desregulación existente. Además, quedan muchos otros temas que abordar en esta materia, como definir las zonas en las cuales es factible instalar termoeléctricas sin generar problemas ambientales o a la biodiversidad graves o porque ya existe en el área una carga de contaminantes relevante.
Queda claro que buena parte de los problemas y conflictos que en la actualidad existen en Chile, asociados con la instalación de termoeléctricas, se originan en la falta de rigurosidad en el proceso de evaluación ambiental y en la desregulación existente para el sector. A la luz de lo ocurrido con Barrancones, queda claro que el gobierno tiene una oportunidad importante, en el sentido de abrir estos temas para la discusión, y lograr avances relevantes en la materia.
Fuente: lanacion.cl
