La Comisión Regional del Medio Ambiente ordenó paralizar la exploración que la empresa Geotérmica del Norte realiza en la zona de los géiseres de El Tatio, donde cada año reciben 100.000 visitantes y es uno de los mayores atractivos turísticos del norte del país. Esta empresa es de propiedad de la compañía italiana Enel (51%) y en ella participan minoritariamente la petrolera Enap (44%) y la cuprera Codelco (5%), ambas del Estado chileno.
El intendente de la Región de Antofagasta, Cristián Rodríguez, anunció que se aplicarán las máximas sanciones contra el proyecto. El pasado viernes, casi la mitad de los 2.000 habitantes del pueblo de San Pedro de Atacama salió a las calles para marchar con banderas blancas y pancartas, exigiendo el término de las prospecciones geotérmicas en la zona. Los mayores géiseres del hemisferio sur La fuga de vapor y agua está situada en plena cordillera, a dos kilómetros de la zona de los géiseres de El Tatio, a 4.321 metros sobre el nivel del mar y a 95 kilómetros de San Pedro de Atacama.
El intendente de la Región de Antofagasta, Cristián Rodríguez, anunció que se aplicarán las máximas sanciones contra el proyecto. El pasado viernes, casi la mitad de los 2.000 habitantes del pueblo de San Pedro de Atacama salió a las calles para marchar con banderas blancas y pancartas, exigiendo el término de las prospecciones geotérmicas en la zona. Los mayores géiseres del hemisferio sur La fuga de vapor y agua está situada en plena cordillera, a dos kilómetros de la zona de los géiseres de El Tatio, a 4.321 metros sobre el nivel del mar y a 95 kilómetros de San Pedro de Atacama.
La altura de esta fumarola artificial es casi 10 veces superior a las que cada mañana, entre las 5.00 y las 7.00, emergen en El Tatio a unos 85 grados Celsius, en una zona donde hay cerca de 70 manantiales y pozos alimentados y calentados subterráneamente por el volcán Tatio, término que en lengua atacameña significa "el viejo que llora". Hasta ahora, los géiseres de El Tatio —los mayores del hemisferio sur y los terceros del mundo— no se han visto afectados y la empresa sostiene que, según sus mediciones diarias, "no les sucede absolutamente nada a las manifestaciones termales".
El accidente ocurrió en el pozo 10, perforado en los años setenta, sin mantenimiento desde entonces. La columna de vapor y agua cumplió ayer 26 días bullendo sin pausa. Pero el gerente técnico de Geotérmica del Norte, Martino Pasti, sostiene que en los años setenta los pozos donde trabajan quedaron abiertos cuatro meses "y los géiseres todavía están ahí". El impacto principal del accidente se ha notado en el paisaje natural, el principal atractivo de esta región; en el ruido, que ha ahuyentado a un grupo de vicuñas de las cercanías, y en el despertar de la conciencia medioambiental en los habitantes de la zona.
La arqueóloga Ana María Barón, que encabeza el movimiento Unidos por el Tatio, advierte que durante el proceso de aprobación ambiental del proyecto de Geotérmica plantearon su rechazo a la iniciativa, pero no fueron escuchados. ¿Antena en el Vaticano? Un variopinto clamor, que incluye candidaturas presidenciales en demanda de medidas y sanciones, grandes empresarios que critican la debilidad de la normativa y regulación medioambiental, y defensores de los pueblos indígenas, se ha sumado a los cuestionamientos. La atacameña Sonia Ramos comparaba las obras de prospección con la instalación de "una gran antena satelital en El Vaticano. ¿Cree que el Papa lo permitiría?", preguntaba en el diario La Tercera.
"La empresa tiene experiencia a nivel mundial, y por ello nos llama la atención que haya previsto la situación", afirmó el ministro de Minería, Santiago González, que fue abucheado por los manifestantes en San Pedro de Atacama. Sin embargo, la alcaldesa de ese lugar, Sandra Berna, puso en duda la seriedad de una empresa que todavía no controla el daño y que cuando ocurrió el accidente pidió auxilio a bomberos ante la emergencia. Para detener la fuga es necesario ahogar el pozo con agua fría.
Por su parte, la fiscalía de Calama ha pedido a la unidad contra delitos medioambientales de la Policía de Investigaciones (PDI) que vaya a los géiseres para inspeccionar el accidente.
La empresa fue sancionada en abril con una multa equivalente a 124.000 euros por extraer aguas en zonas prohibidas, e incumplir requerimientos de protección de sitios, censos de animales y señalización.
